Control Social

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1757 de 2015, el control social es el derecho y el deber que tienen todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos.

Para promover el control social, se han promovido instancias de participación como las veedurías ciudadanas, cuyo fin es ejercer vigilancia sobre la gestión pública, específicamente en la ejecución del programa, contratos asociados y servicios prestados.